Se propone en España una Ley de Salud Mental, recientemente registrada en el Congreso de los Diputados. Destacamos aquí algunas de los aspectos más importantes.

El texto destaca la creación de un plan contra el suicidio, la inclusión de la figura del defensor de las personas con problemas de salud mental en cada comunidad autónoma y hace hincapié en que «las intervenciones tempranas dirigidas a niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales deben ser científicamente contrastadas de carácter no farmacológico, ya sean psicosociales o de otra índole, dispensadas desde el ámbito comunitario, para evitar ingresos y medicalización».

Según se recoge en el artículo 22, dedicado a la salud mental de niños y adolescentes, «se implementarán programas específicos orientados a la prevención primaria y a la promoción de la salud mental en los Centros de Atención Primaria, en Centros Educativos, en las estructuras familiares y en los Servicios Sociales, identificando y abordando factores de riesgo psicosociales».

Además, se facilitará una una «prevención secundaria». «Se implementarán programas específicos de prevención secundaria que se iniciarán al comienzo de los síntomas», detalla el texto, que añade la «protección contra la psiquiatrización y medicalización del niño, niña y adolescente, promoviendo una atención orientada a la resiliencia, desde los recursos comunitarios». También, incluyen la prohibición de la medicalización preventiva.

Según detalla el texto legislativo, «cualquier tratamiento farmacológico potencialmente inadecuado tomando en cuenta la situación clínica así como la utilización preventiva de neurolépticos sin sintomatología franca debe ser comunicado previamente al Defensor de la persona con problemas de Salud Mental».

Además, se hace hincapié en que las personas medicadas con fármacos psiquiátricos que deseen reducir su consumo o dejar de consumirlos, tendrán derecho a un acompañamiento especializado por parte de profesionales de la Psiquiatría para la reducción progresiva de la medicación.

Según la ley de Unidos-Podemos, cada Comunidad Autónoma crearía la figura del Defensor o Defensora del Paciente con problemas de salud mental, nombrada por la persona responsable de  sanidad de cada Comunidad Autónoma a propuesta de los colectivos de personas usuarias y profesionales sociales y sanitarios del ámbito de la salud mental. Tendrá un mandato de cuatro años renovable por otros cuatro más.

Fuente: Redacción Médica